Posicionamiento frente a las conclusiones preliminares del Comité Científico sobre el fracking

El espacio de análisis y articulación “Nuestro Futuro Nuestra Energía” lo conformamos más de veinticinco organizaciones de la sociedad civil, colectivos, cooperativas, trabajadores/as y académicos/as de México que tomamos nuestro lugar en el debate sobre la matriz energética, actualmente capturada por el corporativismo fósil y la mercantilización de la energía. 

Quienes formamos parte de este esfuerzo colectivo, buscamos la democratización del modelo energético, y sus usos en México, propiciando la reflexión colectiva, crítica, multidisciplinaria e intersectorial sobre la política energética actual, que hasta ahora no integra las realidades, necesidades y dinámicas de los territorios; razón por la cual, los proyectos energéticos no se han traducido en impactos positivos para las comunidades y, por el contrario, muchos de ellos han  afectado ecosistemas, así como, la productividad, la salud y la vida de las personas.  

Hablamos desde el análisis jurídico, económico, científico y desde el acompañamiento territorial y de los derechos humanos, buscando la materialización de nuevos y distintos caminos hacia un modelo de generación, distribución y consumo de energía común y justo con los pueblos y la naturaleza.

En contradicción con su compromiso 87 de campaña, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, a inicios de este año, que su gobierno evaluaba la extracción de gas por fracturación hidráulica. Posteriormente, en abril de 2026, presentó a un comité de expertos encargado de evaluar la viabilidad de llevar a cabo la exploración y explotación de yacimientos no convencionales para la producción de gas fósil o lutita, mediante la técnica de extracción conocida como “fracking” o fracturación hidráulica, buscando hacerlo de forma sustentable. 

Esta técnica impacta considerable y permanentemente los ecosistemas, al requerir de millones de litros de agua que es mezclada con un cóctel de sustancias tóxicas y arena que son inyectados en el suelo hasta cinco kilómetros de profundidad para fracturar la roca lutita o generadora, donde se encuentra atrapado el hidrocarburo. Quince países en el mundo han prohibido el desarrollo de esta técnica por la evidencia científica que demuestra sus impactos, entre ellos, la contaminación de acuíferos y mantos freáticos, contaminación al aire por gases venteados como metano, contaminación al suelo, sismicidad inducida, enfermedades a la población vecina a pozos e infraestructura, así como múltiples impactos sociales como burbujas económicas, desplazamiento de poblaciones, y violencia.

El fracking no es rentable. México, alcanzó el pico de la extracción de gas en 2009, desde entonces, las reservas han ido en declive acelerado, uno de los motivos que provocó el incremento de importaciones. La narrativa oficial de soberanía energética busca disminuir esta importación de gas con el desarrollo de yacimientos no convencionales a través de fracking, sin embargo, la técnica es sumamente costosa, alcanzando un costo promedio de 90 dólares por barril. Al alto costo financiero hay que sumar que la explotación de yacimientos no convencionales tienen una baja eficiencia energética, en tanto consume hasta 10 veces más energía para producir la misma cantidad de hidrocarburos convencionales. En lugares como Estados Unidos y Argentina donde se realiza masivamente, las petroleras operan bajo esquemas de subvención por parte del estado para poder hacer comercialmente viable la técnica, México no sería la excepción considerando además de que las posibles reservas son mucho menores a la de estos países y que todavía deben de ser corroboradas para comprobar su rentabilidad. Otro aspecto relevante es que actualmente Pemex no cuenta con la tecnología, capital, ni conocimientos necesarios para desarrollar fracking, por lo que el desarrollo de estos yacimientos quedaría en manos de capitales privados principalmente extranjeros quienes tienen la tecnología y los recursos, mermando la soberanía y seguridad energética al quedar a expensas de financiamiento y tecnología importada.

Desde este espacio, consideramos que la transición energética es impostergable, y que se debe acelerar pero de forma responsable, justa y democrática. El ingreso de fuentes renovables a la matriz energética y la ejecución del resto de etapas del ciclo de vida de estos proyectos energéticos debe desarrollarse garantizando los más altos estándares de derechos humanos y de protección de ecosistemas. Así también, esta transición debe reconocer y restaurar los impactos socioambientales del modelo actual, impulsar la eficiencia energética y democratizar las fuentes renovables.

La generación eléctrica a partir de  fuentes renovables no puede significar dependencia de modelos centralizados. Por el contrario, el modelo de generación eléctrica debe ser democratizado y descentralizado para que los esquemas de autogeneración individual y colectiva adquieran una participación significativa en la matriz eléctrica. Dentro de estas alternativas, la autogeneración colectiva a escala comunitaria debe ser priorizada para generar una mejor redistribución de la producción, gestión y uso de la energía. 

México es un país con una gran riqueza biocultural y reducir sus territorios a  zonas de generación de energía –ya sea a partir de fuentes fósiles o renovables como aire y sol- sin considerar que son territorios donde habitan poblaciones y ecosistemas, es mercantilizar sus recursos. Las poblaciones tienen el derecho a definir su futuro y, desde una verdadera soberanía y libre autodeterminación pueden definir nuevos modelos de producción y manejo de energía en beneficio comunitario. 

Si la soberanía de un país reside en su pueblo, entonces la soberanía energética se debe construir desde la democratización y la gobernanza colectiva, construyendo las decisiones políticas con los pueblos y comunidades de las distintas regiones, priorizando modelos alternativos de generación de energía donde las comunidades estén en el centro.

Reconocemos el valioso trabajo de las personas expertas del comité que posicionaron con convicción, evidencia científica y experiencia territorial, la defensa de los pueblos y comunidades en su derecho a un territorio libre de fracking. 

Cuestionamos la instrumentalización del concepto de soberanía energética, como justificación para ampliar la frontera del extractivismo fósil, en lugar de formular mecanismos democráticos para la salida ordenada y progresiva de los combustibles fósiles como el gas y el petróleo. 

Rechazamos el modelo de megaproyectos energéticos de cualquier tipo que signifique el sacrificio de territorios, ecosistemas y poblaciones, ya sea grandes parques fotovoltáicos, eólicos, plantas de ciclo combinado, mega hidroeléctricas, nucleoeléctricas, etc. La energía debe de ser ante todo un derecho humano que permita el bienestar de la población, no su sacrificio ni su precarización. 

• Reconocimiento y consideración rigurosa de la evidencia científica existente que prueba y da cuenta de los graves e irreversibles impactos de la fracturación hidráulica en los territorios, así como el peligro para la salud humana.
• Democratizar la política energética nacional. Abrir la discusión sobre el aceleramiento de energías renovables a comunidades amenazadas, organizaciones y sociedad civil interesada, así como academia a fin de democratizar las decisiones en materia energética. 
• Generar espacios de diálogo multiactor en donde el estado escuche las propuestas de sociedad civil en materia de generación distribuida colectiva. 
• Reconocimiento de la soberanía de los pueblos que hoy dicen No al fracking a través de sus asambleas y cabildos. 
• Que los diferentes niveles de gobierno cumplan con su obligación de garantizar el derecho humano de todas y todos los mexicanos a un ambiente sano, y cumpla con los acuerdos internacionales suscritos en la materia como el Acuerdo de Escazú.
• Reconocer el valor ecosistémico y la crisis hidrológica que afecta a la región noreste, donde parte del comité recomendó realizar el pilotaje para la extracción de gas fósil.
• Prohibir en todo el territorio nacional el fracking en cualquiera de sus denominaciones, pues sus impactos siempre serán los mismos.
• Exigimos que la energía sea en beneficio de la ciudadanía y no de la industria y los grandes capitales.

Les invitamos a consultar las conclusiones del Comité Científico sobre Yacimientos de Gas no Convencional aquí.